lunes, 15 de mayo de 2017

¿MERECE LA PENA DEBATIR SOBRE POLÍTICA?

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No sé si os pasa igual que a mí, pero de un tiempo a esta parte me resulta muy poco productivo debatir sobre cuestiones políticas con casi nadie. Citando al filósofo José Antonio Marina  (consultar aquí artículo):
"Los debates políticos suelen ser con frecuencia monólogos enfrentados. O sea, no debates. Nadie convence a nadie. En un libro recientemente traducido, antiguo pero muy actual ('Política moral. Cómo piensan progresistas y conservadores', Capitán Swing, 2016), George Lakoff muestra algo que estudios más recientes han confirmado: las posiciones políticas suelen obedecer a motivos no racionales. Son preferencias emocionales, incluso caracterológicas, que luego buscan justificación. Resultan invulnerables a la crítica porque solo perciben los datos o los argumentos que las favorecen. Se trata de un conocido proceso de autodefensa que genera mecanismos de inmunización cognitiva. Todos podemos caer en ellos..."

Pensad por un momento en lo que sucede en las tertulias políticas que vemos en televisión. ¿No os da la sensación de que nadie escucha a nadie? En realidad, si conoces mínimamente a los contertulios, sus opiniones son previsibles de antemano y lo que podría ser un enriquecedor intercambio de opiniones se convierte, en el mejor de los casos, en un diálogo de sordos, cuando no en una insufrible permuta de insultos y descalificaciones. 

Yo lo vivo en primera persona cada vez que comparto algún artículo de opinión (mío o ajeno) con mis amigos para que lo lean. Da igual cual sea el tema. Inevitablemente, cada individuo se posiciona en una creencia predeterminada según sea su ideología y defiende a capa y espada, generalmente con argumentos más emocionales que racionales, su opinión. No importa que aportes datos y cifras objetivas. De un modo u otro terminan despreciando (o, directamente, ignorando cuando no les convienen) tus aportaciones para justificar su punto de vista. Y nadie cede...

Me pregunto si ellos me percibirán a mí del mismo modo. Francamente, no me gustaría. Obviamente, tengo mis ideas y creencias políticas pero, al situarse estas en el centrismo, quiero pensar que no son inamovibles, sino que soy permeable al análisis objetivo de datos, a las opiniones razonadas y argumentadas de aquellos con quien debato... Gusto de la ecuanimidad y huyo de prejuicios. O, al menos, eso creo. Por eso me afilié hace ya un año a un partido, Ciudadanos, que comparte esos mismos criterios. Vivo ese ambiente en mi agrupación y lo percibo en la forma de actuar del partido cuando leo noticias en las que somos protagonistas. Es nuestra forma de ver la política y estoy seguro de que, poco a poco, cada vez más gente, harta de enfrentamientos y del clima de hostilidad que envuelve a otros partidos, comparte esta visión con nosotros.

Por mi parte, aunque tengo la tentación de no compartir más mis reflexiones, voy a seguir publicando estos artículos de opinión en mis redes sociales (si no, ¿para qué los escribo?). Aceptar las críticas nos ayuda a todos a crecer como personas y, si me demuestran que mis puntos de vista están equivocados, no me importa rectificar mi opinión y reconocer mi error. 

Ya para terminar, quería compartir con todos una infografía que encontré el otro día por la red que me pareció muy didáctica respecto a cómo debe afrontarse un debate. Su lectura me hizo reflexionar y, desde luego, la próxima vez que alguien quiera discutir conmigo sobre alguna cuestión política, lo voy a tener muy en cuenta.


Recomiendo a todos su uso. Sin duda, de hacerlo así, el debate político tendría otro talante mucho más constructivo.

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jueves, 11 de mayo de 2017

EDUCACIÓN vs. SANIDAD

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Ante la nueva polémica suscitada por la supresión de conciertos en varios centros educativos de nuestra comunidad, y en respuesta a la pregunta realizada por Mercedes Ventura, portavoz adjunta de Ciudadanos en el pasado pleno de las Cortes Valencianas, el "Conseller d'Educació" Vicent Marzá trató de justificar una actuación de claro carácter ideológico mediante una analogía entre los sistemas educativo y sanitario, como podemos leer en la siguiente noticia.  Curiosamente, días, antes yo ya había leído unas declaraciones de Mónica Oltra en las que también aparecía la misma comparación:
"Traslademos este tema a la Sanidad por ejemplo. Imaginemos que una persona ha de recibir un tratamiento que la Sanidad pública ofrece pero esa persona quiere que se le administre en un centro privado por las cuestiones que fuese. Y como ese hospital le gusta, exige a la Generalitat que firme un concierto para poder ir. Suena evidente, ¿verdad? Esa persona podrá ir al centro privado, claro que sí, pero como la Sanidad pública lo ofrece, pues tendrá que pagárselo de su bolsillo porque es su elección rechazar la pública y optar por la privada".
O Marzá sigue ciegamente "la voz de su ama" o se trata de un discurso prefabricado por el aparato de Compromís y repetido por todos los cargos del partido. Reconozco que es un argumento "resultón", convincente en una lectura rápida. Ahora bien, si reflexionamos un poco, veremos que es un razonamiento con trampa, simplista, burdo y que se desmorona como un castillo de naipes. Veámoslo.

Es innegable que se trata de dos servicios básicos y fundamentales para todos los seres humanos. Tanto la salud como la educación aparecen siempre entre las máximas prioridades de cualquiera a quien le preguntes, pero muestran algunas diferencias implícitas en su propia naturaleza. Para empezar, la educación conlleva una obligatoriedad  hasta, como mínimo, los 16 años, debiendo acudir a las aulas a diario; mientras que la asistencia sanitaria, aunque dura toda nuestra vida, solamente se recibe puntualmente, en caso de necesidad. En la mayoría de los casos, además, para tratar enfermedades, digámoslo así, comunes (como resfriados) por lo que no hay ninguna necesidad de acudir a una clínica privada para su tratamiento. Traigo esto a colación porque, tal y como plantean su defensa el binomio Oltra-Marzá, parece que no haya diferencias entre la sanidad pública y la privada (lo cual desconozco), y aprovechan para extrapolarlo al otro servicio, la educación. Sin embargo, mal que les pese a algunos reconocerlo, sí existen diferencias importantes entre los centros concertados y los públicos, como, por ejemplo, la interinidad del profesorado en estos últimos, las dificultades para implicar docentes en proyectos a largo plazo como consecuencia de la movilidad de los mismos, la enseñanza de la religión, la implicación de las familias... entre otras cuestiones más o menos significativas en algunos casos, pero que provocan que, aun hablando de un mismo servicio, presenten características que los hacen distintos.

Y esta diferencia es fundamental para introducir un segundo punto aspecto en el debate. La Constitución española garantiza ambos derechos, pero con un matiz fundamental para el tema que nos ocupa: mientras que en el artículo 27 (sobre educación) reconoce el derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones, imponiendo en el mismo artículo, además, a los poderes públicos el mandato de ayudar a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca, no hay ningún apartado en el artículo 43 (sobre sanidad) en el que se regule que haya que financiar la sanidad privada. Por tanto, dado que nos encontramos ante situaciones legales diferentes, la comparación ya pierde gran parte de su sentido.

Y por último, está la cuestión económica, que yo creo que es donde más empeño ponen Oltra y Marzá para tocar la sensibilidad de la ciudadanía. Al respecto, lo primero que hay que señalar es que en el sistema sanitario español, aunque sí existe en la actualidad un régimen de conciertos, se trata de algo poco generalizado y menos conocido por la sociedad en general (de hecho, me pregunto si nuestros gobernantes autonómicos eran conscientes de ello cuando hicieron estas declaraciones... de ser así, ¿qué sentido tienen sus palabras?). Nunca se habla de ello, aunque me consta que también hay intenciones de eliminarlos. Sin embargo, nuestro sistema educativo goza de un amplio abanico de escuelas concertadas con gran demanda por parte de los españoles, con lo cual, su mantenimiento no aumenta los actuales presupuestos de ninguna administración. Por otra parte, tal y como plantean la analogía los representantes de nuestro gobierno autonómico, sugieren que suprimiendo los conciertos se reducirá el gasto, pues, según ellos, eliminas duplicidades. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Todos los estudios serios realizados (especial énfasis en la palabra "serios") concluyen que el gasto por alumno es bastante mayor en la escuela pública que en la concertada, aunque difieren en la cantidad. Eliminando conciertos no solamente no reduces el gasto, sino que lo aumentas, ya que ese alumnado dejará de estar escolarizado en un centro para estarlo en otro. 

Dicho esto, me gustaría que, tanto el conseller Marzà como la vicepresidenta Oltra sean valientes y reconozcan que los verdaderos y únicos motivos que tienen para suprimir conciertos son ideológicos. No pasa nada. Están en su derecho. Y, ya de paso, que se pregunten por qué hay gente que, teniendo una escuela pública cerca, prefiere escolarizar a sus hijos en una concertada. Si lo que pretenden es mejorar la calidad de la primera, sin duda, dar con la respuesta a esta cuestión sería un paso importante para conseguirlo.


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lunes, 8 de mayo de 2017

CON EL DINERO DE MIS IMPUESTOS...

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Año tras año, a estas alturas de curso, coincidiendo con el periodo de matriculación en los colegios, se reabre el debate sobre la escuela concertada. Controversia avivada últimamente en la Comunidad Valenciana por las polémicas decisiones del “conseller d'educació” Vicent Marzà al respecto. Y, también inevitablemente, una y otra vez se utiliza el mismo razonamiento para atacar a la escuela concertada (que no para defender las muchas virtudes de la pública): "El dinero de mis impuestos para la enseñanza pública. El que quiera enseñanza privada, que se la pague". Personalmente, me parece un argumento demasiado simplista, incluso me atrevería a decir que roza lo pueril. Pero, sobre todo, creo que es fácilmente rebatible, lo cual voy a intentar hacer basándome en tres aspectos.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que pagar impuestos es una obligación de todo ciudadano, pero que ello no implica que nos dé derecho a solicitar “inversiones a la carta”. De ser así, las personas cuyos hijos ya no están en edad escolar, o todas aquellas que, sencillamente, no tengan descendencia, también podrían protestar por el hecho de que con sus impuestos se sufrague la escuela pública. Pongo otro ejemplo. Afortunadamente, no voy al médico desde hace unos cuantos años y, como yo, hay un buen número de ciudadanos. Sin duda, es un servicio necesario, pero viendo la parte de mis impuestos que se destinan a la Seguridad Social, a mí me resulta carísimo. Sin embargo, ni yo ni nadie cuestionamos esta partida de dinero público. Un ejemplo más. No voy al fútbol ni mis hijas juegan en ninguno de los clubes deportivos locales, los cuales son entidades privadas que reciben subvención del ayuntamiento. ¿Debo pedir por ello que se supriman dichas ayudas económicas? Y por último, ¿qué hay de las festividades locales (como carnavales o procesiones de Semana Santa) en las que no participo ni como espectador? Creo que hay que ser solidario y comprensivo, comprender que las personas somos muy diversas, y que la obligación de todo gobierno es intentar satisfacer las necesidades de todos. 

Un segundo aspecto que me parece importante que se tenga en cuenta es que este dinero de nuestros impuestos está destinado a garantizar uno de los derechos fundamentales que recoge la Constitución Española en su artículo 27, como es la libertad de elección. Sucede lo mismo con otros derechos básicos. También las diferentes administraciones públicas destinan parte de nuestros impuestos a subvencionar la adquisición de una primera vivienda y no se cuestiona esta iniciativa, ni siquiera por parte de aquellos que nunca han adquirido una casa de protección oficial. Por otra parte, es importantísimo que no se nos imponga un único modelo de educación, del mismo modo que no nos gustaría que se nos impusiera votar a un único partido político, (los cuales, dicho sea de paso, también reciben subvenciones del estado) o una única religión.

Y, por último, está el tema, nada baladí, del coste que tiene por alumno un modelo de educación y otro. Según esta noticia (que he contrastado con otros informes y estudios, todos con idénticas conclusiones) el gasto por alumno que supone para el estado uno en una escuela pública es prácticamente el doble que en un centro concertado. Por tanto, suprimir esta para redirigir a todos los estudiantes a un modelo público supondría tener que aumentar considerablemente el presupuesto en educación. Además, hay que tener en cuenta que no hay, en la actualidad, suficientes plazas públicas para todos, con lo cual, de optar por esta drástica solución, sería necesario construir nuevos centros, con la inversión que ello supondría. Sabiendo que esta cantidad de dinero tienen que salir de las arcas públicas y que estas se llenan con el dinero de nuestros impuestos, ¿cuántos de vosotros estaríais dispuestos a que el gobierno os los suba para sufragar estos gastos? Habiendo una alternativa que ya existe, tiene demanda y funciona bien, creo que la respuesta es obvia.


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