Año tras año, a estas alturas de curso, coincidiendo con el periodo de matriculación en los colegios, se reabre el debate sobre la escuela concertada. Controversia avivada últimamente en la Comunidad Valenciana por las polémicas decisiones del “conseller d'educació” Vicent Marzà al respecto. Y, también inevitablemente, una y otra vez se utiliza el mismo razonamiento para atacar a la escuela concertada (que no para defender las muchas virtudes de la pública): "El dinero de mis impuestos para la enseñanza pública. El que quiera enseñanza privada, que se la pague". Personalmente, me parece un argumento demasiado simplista, incluso me atrevería a decir que roza lo pueril. Pero, sobre todo, creo que es fácilmente rebatible, lo cual voy a intentar hacer basándome en tres aspectos.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que pagar impuestos es una obligación de todo ciudadano, pero que ello no implica que nos dé derecho a solicitar “inversiones a la carta”. De ser así, las personas cuyos hijos ya no están en edad escolar, o todas aquellas que, sencillamente, no tengan descendencia, también podrían protestar por el hecho de que con sus impuestos se sufrague la escuela pública. Pongo otro ejemplo. Afortunadamente, no voy al médico desde hace unos cuantos años y, como yo, hay un buen número de ciudadanos. Sin duda, es un servicio necesario, pero viendo la parte de mis impuestos que se destinan a la Seguridad Social, a mí me resulta carísimo. Sin embargo, ni yo ni nadie cuestionamos esta partida de dinero público. Un ejemplo más. No voy al fútbol ni mis hijas juegan en ninguno de los clubes deportivos locales, los cuales son entidades privadas que reciben subvención del ayuntamiento. ¿Debo pedir por ello que se supriman dichas ayudas económicas? Y por último, ¿qué hay de las festividades locales (como carnavales o procesiones de Semana Santa) en las que no participo ni como espectador? Creo que hay que ser solidario y comprensivo, comprender que las personas somos muy diversas, y que la obligación de todo gobierno es intentar satisfacer las necesidades de todos.
Un segundo aspecto que me parece importante que se tenga en cuenta es que este dinero de nuestros impuestos está destinado a garantizar uno de los derechos fundamentales que recoge la Constitución Española en su artículo 27, como es la libertad de elección. Sucede lo mismo con otros derechos básicos. También las diferentes administraciones públicas destinan parte de nuestros impuestos a subvencionar la adquisición de una primera vivienda y no se cuestiona esta iniciativa, ni siquiera por parte de aquellos que nunca han adquirido una casa de protección oficial. Por otra parte, es importantísimo que no se nos imponga un único modelo de educación, del mismo modo que no nos gustaría que se nos impusiera votar a un único partido político, (los cuales, dicho sea de paso, también reciben subvenciones del estado) o una única religión.
Y, por último, está el tema, nada baladí, del coste que tiene por alumno un modelo de educación y otro. Según esta noticia (que he contrastado con otros informes y estudios, todos con idénticas conclusiones) el gasto por alumno que supone para el estado uno en una escuela pública es prácticamente el doble que en un centro concertado. Por tanto, suprimir esta para redirigir a todos los estudiantes a un modelo público supondría tener que aumentar considerablemente el presupuesto en educación. Además, hay que tener en cuenta que no hay, en la actualidad, suficientes plazas públicas para todos, con lo cual, de optar por esta drástica solución, sería necesario construir nuevos centros, con la inversión que ello supondría. Sabiendo que esta cantidad de dinero tienen que salir de las arcas públicas y que estas se llenan con el dinero de nuestros impuestos, ¿cuántos de vosotros estaríais dispuestos a que el gobierno os los suba para sufragar estos gastos? Habiendo una alternativa que ya existe, tiene demanda y funciona bien, creo que la respuesta es obvia.
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